Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, en la petición, aclara que el segundo párrafo del artículo 97 constitucional afirma:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar (…) uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual".
Tal como ha sucedido en casos emblemáticos como la matanza de Aguas Blancas, la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, Atenco y el incendio de la Guardería ABC en Sonora, es ahora el gobierno de Jalisco el que solicita a la SCJN que investigue lo que verdaderamente aconteció aquella tarde del 24 de mayo de 1993.
En la petición, se afirma que la investigación ministerial del asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, así como de seis personas más, "es insuficiente, se manipuló desde el principio y existen graves omisiones y acciones contrarias a derecho por parte de algunos servidores públicos que participaron en la investigación, que reflejan que nunca tuvieron la intención de buscar la verdad histórica de los hechos".
La demanda, aceptada por la SCJN y designada a la ministra Olga Sánchez Cordero, indica que la averiguación previa de la PGR mostró irregularidades desde el comienzo:
"[…] hubo robos de objetos materiales en la escena del crimen, como el robo de la cruz pectoral que portaba ese día el cardenal Posadas Ocampo, como el robo de los boletos de entrada al estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara, de los vehículos que se encontraban en ese lugar, en el momento en que ocurren los hechos; como el robo de cartuchos, ojivas y demás material que desprendieron las armas de fuego que se utilizaron en los homicidios, etcétera".
La primera hipótesis planteada para la resolución del caso es la del "Fuego Cruzado". En ella, el entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo McGregor, explicó que dos bandas de narcotraficantes, las encabezadas por Joaquín El "Chapo" Guzmán y los hermanos Arellano Féliz, respectivamente, se enfrentaron a tiros en el aeropuerto de Guadalajara. De ello derivó el asesinato del cardenal.
Una segunda hipótesis fue que el cardenal Posadas Ocampo y el señor Martín Alejandro Aceves Rivas fueron confundidos con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y su escolta, ya que según esta línea de investigación, se asegura que, tanto el religioso como el capo, llegaron al mismo tiempo al aeropuerto de Guadalajara y tenían vehículos de características similares.
Lo cierto es que hasta hoy, según Emilio González, estas conclusiones son evidentemente insuficientes.
A decir del gobernador de Jalisco, hay líneas de investigación que no se han agotado y cuya respuesta puede otorgar mayores pistas para la resolución del caso:
Falta conocer a profundidad las circunstancias y la forma en la que se ejercieron presiones sobre el cardenal Posadas desde el Poder Ejecutivo. Aunque José María Córdoba Montoya ha negado haber estado en contacto con el cardenal Posadas en los días previos al asesinato, hay testigos que aseguran que el cardenal Posadas fue presionado en la Residencia Oficial de Los Pinos por Córdoba Montoya para que se mantuviera al margen de asuntos ilegales.
Hasta la fecha, no se ha investigado quiénes eran los asistentes, choferes, secretarias del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, como de aquel poderoso asesor presidencial, José María Córdoba Montoya, por lo que no es posible confirmar si el cardenal Posadas efectivamente estuvo en Los Pinos días previos a su muerte.
"Queremos saber, tenemos derecho a saber quién y por qué, siquiera para saber a quién perdonar", ha dicho la Iglesia Católica, en voz del actual cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez y, en su momento, del propio Juan Pablo II.
La voluntad política y las muestras de empeño gubernamental por la resolución del caso son pocas, según se evidencia en la petición que hace Emilio González a la SCJN. Hay actores políticos, cuya vigencia se mantiene muy viva, los cuales realizan su trabajo político en las sombras.
La SCJN es la última instancia a la que se puede recurrir para encontrar la verdad de un caso como el que se presenta.
Insistir en el esclarecimiento del asesinato del cardenal Posadas es un asunto de justicia. Ocultar la identidad del o los culpables sólo es prolongar un hecho que tarde o temprano sucederá: la revelación de la verdad.
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